Históricamente, alrededor del planeta se han planteado dos grandes modelos referentes a las políticas públicas de drogas, el modelo enforcement y la legalización, y la controversia generada por estas dos posturas ha generado lo que Segura (2014) denomina como áreas grises, en donde se encuentran dos modelos más modernos y menos extremos: el modelo de regulación, en el que se habla de que el estado debería legislar el uso de algunos narcóticos como la marihuana haciendo alusión al tabaco y el alcohol (MacCoun, Reuter y Schelling, 1996 citado en Segura, 2014) y el de reducción del daño que consiste en que el estado debería implementar estrategias para minimizar los comportamientos riesgosos en la población adicta desde un enfoque de salud pública (International Harm Reduction Association, 2011 citado en Segura, 2014). En Colombia el modelo predominante por mucho tiempo fue el enforcement por lo cual se han adoptado políticas públicas consistentes totalmente en la prohibición y castigo del consumo de drogas, esto debido al contexto histórico de la década de los 80 con la explosión de los carteles colombianos y la consiguiente presión del gobierno de los Estados Unidos, que aplica el modelo enforcement completamente (Segura, 2014). Sin embargo, el modelo predominante en Colombia ha ido cambiando volviéndose un intermedio entre el enforcement y el modelo de reducción de daño reconociendo la drogadicción como un problema de salud pública y buscando implementar políticas enfocadas a minimizar los comportamientos
riesgosos de la población pero sin aceptar la despenalización de las “drogas suaves”. (Segura, 2014) Aun así, el enfoque extremadamente militarizado de las políticas antidrogas en Colombia ha significado que se dejen de lado elementos realmente importantes relacionados con la prevención y la intervención en la población adicta. Aunque en teoría el estado está obligado a proveer atención integral al adicto, no se ha hecho una inversión de recursos en materia de investigación y otros aspectos importantes en este proceso de prevención y de atención integral, de modo que es importante que se fortalezcan estos elementos, buscando no solo fortalecer y mantener el control sobre el tráfico de estupefacientes en el país, sino además fortaleciendo la prevención, la promoción de la salud y la atención integral desde una visión del ser humano más holística, con estrategias más modernas que provengan de líneas de investigación serias patrocinadas por el estado y el sistema de salud y de esta manera llegar más fácilmente a este intermedio ideal.